El
Relato, la versión oficial de los hechos, ha sufrido otro duro embate.
sábado, 5 de enero de 2013
¿Saqueos de la abundancia? Por Gonzalo Neidal
La
realidad, tozuda e imprevisible, ha vuelto a complicarlo.
Han
regresado los saqueos. Esto es el asalto vandálico a comercios por parte de
grupos integrados por hombres y mujeres de todas las edades, con gran cantidad
de adolescentes y jóvenes, principalmente de los estratos sociales más bajos.
En
total, en los días previos a la Navidad se registraron cerca de 300 hechos en
40 ciudades y localidades de todo el país. Con grandes destrozos y
apropiaciones de bienes por parte de los vándalos de los cuales quedaron unos
400 detenidos.
Los
saqueos llenan de terror al ciudadano común y, además, son el tipo de hechos
que fastidian muy especialmente al gobierno nacional. Desmienten su discurso
político y son un cachetazo en la cara a su pretensión de la existencia de un
país saciado en materia económica y social.
Los
saqueos siempre han sido indultados por los analistas afines al gobierno. Los
de 1989, 1990 y 2001 fueron interpretados como una rebelión de quienes estaban
al límite del infraconsumo. Una expresión social causada por el fracaso de la
economía, que eclosionaba bajo la forma de hiperinflación y descontrol completo
de las variables fundamentales.
Hasta
ahora y sobre todo para la interpretación kirchnerista de la historia política
reciente, los saqueos eran la voz del pueblo que se sublevaba contra el
maléfico “neoliberalismo”.
¿Y
ahora? ¿Cómo acomodamos las fichas para explicar que estos saqueos son
diferentes, que expresan una cosa distinta?
¿Cómo
explicar que no es el pueblo sublevado contra un plan económico de inclusión,
embebido de subsidios, planes, asignaciones y referencias permanentes a “los
que menos tienen”?
¿Cómo
argumentar que los pobres se rebelan contra las políticas neoliberales y que
“el modelo”, en cambio, centra su atención en la redistribución del ingreso?
La
reacción de la prensa oficialista fue demorada. Pasaron horas antes de que
TELAM atinara a publicar la noticia. Lo mismo ocurrió con todo el sistema
oficial de medios, integrado por radios, diarios, revistas y canales de TV.
Luego,
llegó el análisis. Los sucesos no fueron espontáneos sino meticulosamente
organizados. Los organizadores fueron, obviamente, los opositores al gobierno,
encabezados por el sindicato de camioneros que conduce Hugo Moyano. Pero quizá
lo más importante de todo el diagnóstico oficialista haya sido calificar estos
hechos vandálicos como simples robos, delitos contra la propiedad, y a sus
participantes como ladrones.
Esta
vez el gobierno no analizó los hechos con los libros de Marx y Gramsci a la
vista sino esgrimiendo el rústico Código Penal.
Al
gobierno, es obvio, le resulta muy complicado aceptar que estos hechos pudieran
provenir de alguna inquietud social, de la disconformidad de algunos sectores
pobres o empobrecidos. Ello supondría aceptar mella en la política económica y
social. Al adjudicarlos a “grupos organizados”, matan dos pájaros de un tiro:
señalan a la oposición como autora de hechos desestabilizadores y, por otro
lado, eximen al programa económico de cualquier secuela que pueda provocar una
queja rebelde de los más pobres.
Lo
cierto es que en los saqueos han influido diversos componentes, algunos de los
cuales no resultan ajenos a la acción política del gobierno. Por lo pronto,
existe un sensible desmejoramiento de la situación económica, entre otros
motivos, debido a la alta inflación, que carcome los ingresos de los sectores
de más bajos ingresos.
Además,
el gobierno nacional ha difundido y promovido una política de no represión a
los actos de vandalismo. Reprimir, piensa, asocia al gobierno con la dictadura
militar. Además el discurso oficial, en su empeño demagógico y populista,
difunde la idea de que los manifestantes, incluso los violentos, siempre tienen
razón en sus quejas y reclamos (“donde hay una necesidad, siempre hay un
derecho”). La no represión es una política deliberada y cuidadosamente
planificada. No obstante, este gobierno no ha sumado pocos muertos con esta
actitud prescindente.
La
intención de algunos gobernadores y dirigentes kirchneristas en diferenciar
estos saqueos de los anteriores, encierra una falacia. Insisten en que antes se
robaba comida y ahora, en cambio, la imagen más repetida es la de los
saqueadores portando televisores LCD. Por poco, no calificaron a este
vandalismo como “saqueos de la abundancia”, parafraseando la desdichada frase
presidencial, pronunciada en ocasión de la crisis del campo.
Aún
en su complejidad y multiplicidad de motivaciones, los saqueos deben ser
tomados por el gobierno como un llamado de atención a algunas de sus políticas.
300 hechos de vandalismo en todo el país no es algo que pueda pasarse por alto
así nomás.
Si
el gobierno elige interpretarlos como una simple coordinación conspirativa de
la oposición liderada por los camioneros, es síntoma de que sus reflejos ya no
funcionan adecuadamente.
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