sábado, 5 de enero de 2013

¿Saqueos de la abundancia? Por Gonzalo Neidal

El Relato, la versión oficial de los hechos, ha sufrido otro duro embate.

La realidad, tozuda e imprevisible, ha vuelto a complicarlo.

Han regresado los saqueos. Esto es el asalto vandálico a comercios por parte de grupos integrados por hombres y mujeres de todas las edades, con gran cantidad de adolescentes y jóvenes, principalmente de los estratos sociales más bajos.
En total, en los días previos a la Navidad se registraron cerca de 300 hechos en 40 ciudades y localidades de todo el país. Con grandes destrozos y apropiaciones de bienes por parte de los vándalos de los cuales quedaron unos 400 detenidos.
Los saqueos llenan de terror al ciudadano común y, además, son el tipo de hechos que fastidian muy especialmente al gobierno nacional. Desmienten su discurso político y son un cachetazo en la cara a su pretensión de la existencia de un país saciado en materia económica y social.
Los saqueos siempre han sido indultados por los analistas afines al gobierno. Los de 1989, 1990 y 2001 fueron interpretados como una rebelión de quienes estaban al límite del infraconsumo. Una expresión social causada por el fracaso de la economía, que eclosionaba bajo la forma de hiperinflación y descontrol completo de las variables fundamentales.
Hasta ahora y sobre todo para la interpretación kirchnerista de la historia política reciente, los saqueos eran la voz del pueblo que se sublevaba contra el maléfico “neoliberalismo”.
¿Y ahora? ¿Cómo acomodamos las fichas para explicar que estos saqueos son diferentes, que expresan una cosa distinta?
¿Cómo explicar que no es el pueblo sublevado contra un plan económico de inclusión, embebido de subsidios, planes, asignaciones y referencias permanentes a “los que menos tienen”?
¿Cómo argumentar que los pobres se rebelan contra las políticas neoliberales y que “el modelo”, en cambio, centra su atención en la redistribución del ingreso?
La reacción de la prensa oficialista fue demorada. Pasaron horas antes de que TELAM atinara a publicar la noticia. Lo mismo ocurrió con todo el sistema oficial de medios, integrado por radios, diarios, revistas y canales de TV.
Luego, llegó el análisis. Los sucesos no fueron espontáneos sino meticulosamente organizados. Los organizadores fueron, obviamente, los opositores al gobierno, encabezados por el sindicato de camioneros que conduce Hugo Moyano. Pero quizá lo más importante de todo el diagnóstico oficialista haya sido calificar estos hechos vandálicos como simples robos, delitos contra la propiedad, y a sus participantes como ladrones.
Esta vez el gobierno no analizó los hechos con los libros de Marx y Gramsci a la vista sino esgrimiendo el rústico Código Penal.
Al gobierno, es obvio, le resulta muy complicado aceptar que estos hechos pudieran provenir de alguna inquietud social, de la disconformidad de algunos sectores pobres o empobrecidos. Ello supondría aceptar mella en la política económica y social. Al adjudicarlos a “grupos organizados”, matan dos pájaros de un tiro: señalan a la oposición como autora de hechos desestabilizadores y, por otro lado, eximen al programa económico de cualquier secuela que pueda provocar una queja rebelde de los más pobres.
Lo cierto es que en los saqueos han influido diversos componentes, algunos de los cuales no resultan ajenos a la acción política del gobierno. Por lo pronto, existe un sensible desmejoramiento de la situación económica, entre otros motivos, debido a la alta inflación, que carcome los ingresos de los sectores de más bajos ingresos.
Además, el gobierno nacional ha difundido y promovido una política de no represión a los actos de vandalismo. Reprimir, piensa, asocia al gobierno con la dictadura militar. Además el discurso oficial, en su empeño demagógico y populista, difunde la idea de que los manifestantes, incluso los violentos, siempre tienen razón en sus quejas y reclamos (“donde hay una necesidad, siempre hay un derecho”). La no represión es una política deliberada y cuidadosamente planificada. No obstante, este gobierno no ha sumado pocos muertos con esta actitud prescindente.
La intención de algunos gobernadores y dirigentes kirchneristas en diferenciar estos saqueos de los anteriores, encierra una falacia. Insisten en que antes se robaba comida y ahora, en cambio, la imagen más repetida es la de los saqueadores portando televisores LCD. Por poco, no calificaron a este vandalismo como “saqueos de la abundancia”, parafraseando la desdichada frase presidencial, pronunciada en ocasión de la crisis del campo.
Aún en su complejidad y multiplicidad de motivaciones, los saqueos deben ser tomados por el gobierno como un llamado de atención a algunas de sus políticas. 300 hechos de vandalismo en todo el país no es algo que pueda pasarse por alto así nomás.
Si el gobierno elige interpretarlos como una simple coordinación conspirativa de la oposición liderada por los camioneros, es síntoma de que sus reflejos ya no funcionan adecuadamente.



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