jueves, 6 de diciembre de 2012

Inconsistencia. Por Daniel V. González

Cada día que pasa José Manuel de la Sota toma mayor distancia de Cristina.

Ayer fue en el tema de los derechos humanos.

Dijo que está muy bien juzgar a los militares que reprimieron pero que él también quiere que se juzgue a los que mataron a José Ignacio Rucci.
Lo que pide el gobernador es equidad: que se juzgue a unos y a otros.
A los represores y a los guerrilleros.
A los que disparaban en una dirección y en la contraria.
Esta posición del gobernador es abismalmente distinta de la que sostiene el gobierno nacional.
Para éste, unos son asesinos y los otros la “juventud maravillosa”.
Lo dijo con esas exactas palabras uno de los abogados del juicio de La Perla, que se desarrolla en estos días.
Para el gobierno nacional, está bien que se condene a los militares que mataron presos desarmados pero está mal que se haga lo propio con guerrilleros que también mataron. A militares, a policías, a intelectuales, a políticos, a empresarios.
Los unos deben ser condenados.
Los otros, ni siquiera juzgados.
Y, además, incorporados con honores a la lista de patriotas.
En esta demanda de equidad, coincidimos con el gobernador de Córdoba.
Pero hay algo de lo que el gobernador olvida. O no le ha prestado debida atención.
Él, salvo sus declaraciones, sostiene una política de derechos humanos muy parecida a la del gobierno nacional. O idéntica.
Quien quiera pegarse una vuelta por el Pasaje Santa Catalina, que separa el Cabildo de la Catedral, encontrará ahí publicidad, folletos y publicaciones que reflejan la posición política que De la Sota cuestiona reiteradamente con sus dichos.
De la Sota dice una cosa pero su Secretaría de Derechos Humanos hace otra muy distinta.
Sería un buen momento para unificar discurso y acción.
El gobierno de Córdoba podría hacer un acto en el Pasaje Santa Catalina –o en cualquier otro lugar- en el que se condenen, por igual, los crímenes de uno y otro lado.
Seguramente la diputada Claudia Rucci estará dispuesta a concurrir para hablar en un acto –inusual, por otra parte- en el que un gobernador condene el asesinato, en plena democracia, de un dirigente sindical peronista de la importancia de Rucci.
El gobernador es de los que sostienen sus palabras con hechos.
Y un caso tan importante como éste amerita que continúe con una conducta tan plausible.


1 comentario:

Ximena dijo...

T xtrñ

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