Por
su contundencia paradojal, la sentencia anónima “para discutir, es preciso
estar de acuerdo” merecería pertenecer a Oscar Wilde. Como sea, pocas veces
puede resultar tan apropiada como en el debate instalado a raíz del fallo del
Juez de Nueva York Thomas Griesa.
lunes, 26 de noviembre de 2012
El día que descubrimos que Griesa no es Oyarbide. Por Gonzalo Neidal
Aunque
pueda resultar asaz indigestos, hemos repasado los argumentos de los
periodistas, intelectuales, economistas y políticos afines al gobierno para
tratar de comprender a fondo sus puntos de vista sobre esta cuestión. Y nos
hemos encontrado con explicaciones sorprendentes que resultan muy difíciles de
refutar pues se encuentran en un universo de ideas que nos resulta
completamente ajeno y, en consecuencia, inasible.
Digamos
que las líneas argumentales decisivas transitan por el estrecho carril
subjetivista y conspirativo aunque con algunos matices interesantes. Primero,
se ha trazado una línea entre los que están del lado argentino y los que, por
formular críticas a la estrategia del gobierno nacional, podrían ser señalados
como auténticos traidores a la patria pues, en una circunstancia de conflicto
entre el país y un tribunal norteamericano, encuentran razones a éste o bien
cuestionan el comportamiento del gobierno.
Se
trata, obviamente, de una suerte de chantaje emocional pero que no le ha
resultado poco eficaz. Varios economistas y políticos que cuestionan
habitualmente las torpezas del gobierno, han silenciado su crítica pues
entienden que, en esta circunstancia, defender al país está por encima de
cualquier otra consideración. Estos políticos (Prat Gay, Redrado, Alfonsín,
Solá) son rescatados por la prensa oficialista y, al revés, los que dicen que
hay que pagar (caso de Binner), son duramente cuestionados.
Es
cuanto menos curioso que un gobierno que considera la Guerra de Malvinas como
un episodio demencial y, en conseucuencia, indigno de apoyo popular, ahora
reclame, en circunstancias menos dramáticas, solidaridad en respaldo de sus
políticas erróneas, y que lo haga en nombre de la Patria.
Griesa
y Oyarbide
Como
todos sabemos, la singularidad del fallo del juez Griesa consiste en condenar a
la Argentina a pagar los montos originales de sus bonos a los tenedores
minoritarios que no aceptaron entrar en el canje de la deuda (con quita
aproximada al 70%) que se implementó en 2005. Esos titulares de bonos luego
vendieron a fondos especulativos (denominados “buitres”) los títulos y son
éstos los que iniciaron juicio contra Argentina. El fallo de Griesa no está
todavía firme pero las instancias que siguen podrían confirmarlo y, de ese
modo, complicar más a Argentina.
El
gobierno tuvo varias ocasiones para arreglar con ese pequeño porcentaje de
bonistas que no aceptó el canje original. Pudo hacerlo incluso a un valor con
la misma quita que hizo a la mayoría de los bonistas (el problema de la ley
nacional que lo impide podría haberse salvado fácilmente). Pero eligió no
hacerlo, optó por un discurso duro, desafiante y provocador. Y ahora cosecha
los resultados.
Resulta
ilustrativo el argumento de un periodista oficialista: “El juez federal de Nueva York rompe todas
las reglas, desoye los reclamos de Argentina tanto como los de la Reserva
Federal de los Estados Unidos. Acreedores institucionales (carne de Wall
Street, digamos) se suman. El argumento compartido es que acceder al reclamo de
los fondos buitre genera un riesgo sistémico de imprevisibles, pero seguro
tremendas, consecuencias. Impacto eventual en canjes futuros, algunos
inminentes en el corazón del Primer Mundo”.
Dice
el periodista que Griesa “rompe todas las reglas”. ¿Y cuáles son esas reglas? A
continuación las describe: desobedece a la Reserva Federal (de NY, no de los
EEUU) y de otros acreedores. El autor piensa que constituye una “regla” hacer
caso a las recomendaciones de la Reserva Federal y de Wall Street. Imputa a
Griesa no escuchar tales reclamos y consejos. Al periodista ni se le ocurre
pensar que Griesa actúe de manera independiente, con su propio criterio,
interpretando la ley a su manera y sin tener en cuenta los intereses que hiere
ni las recomendaciones de importantes y poderosas instituciones de los Estados
Unidos, como lo son la Reserva Federal de NY y el mercado bursátil.
La
idea de que la Justicia debe fallar conforme a los intereses circunstanciales
de la política y del poder, al estilo Oyarbide, parece no tener mucho arraigo
en los Estados Unidos, a juzgar por este fallo. En la Argentina, los
partidarios del gobierno no conciben la idea de una Justicia independiente, que
pueda molestar con sus fallos al poder político.
Nuevas
circunstancias
Lo
cierto es que cuando Argentina adoptó la resolución de repudiar su deuda y
pagar sólo una pequeña parte de ella, los presidentes que completaron esta
medida (desde Adolfo Rodríguez Sáa hasta Néstor Kirchner) fueron considerados
patriotas pues hicieron ahorrar al país muchos millones de dólares al no pagar
deudas contraídas por gobiernos constitucionales.
Siempre
que alguien no honra su deuda, tiene consecuencias. Una de ellas ha sido tener
que prescindir del mercado internacional de capitales. Apenas Venezuela nos
compró algunos títulos de deuda y con condiciones usurarias y lesivas para el
manido interés nacional. Comenzamos a “vivir con lo nuestro”, conforme a la
liviana teoría en boga. Al gastar por encima de los robustos recursos que nos
proporcionan las exportaciones agrarias, el gobierno comenzó a gastar reservas
y a emitir, produciendo la inflación que hoy nos complica.
En
medio de todo ello, dimos claras señales de un comportamiento poco amigable
hacia los inversores extranjeros: no acatamos los fallos del CIADI, no le
pagamos al Club de París pese a que el gobierno lo prometió varias veces en
cadena nacional, expropiamos a YPF sin pago alguno y sin negociación.
¿En
qué cabeza cabe que todo esto pueda hacerse sin costo alguno para el país? ¿A
quién se le ocurre pensar que este desdén por la legalidad no iba a traernos
algún tipo de consecuencias? ¿Somos razonables al quejarnos de esta circunstancia
previsible que hoy nos toca vivir?
Las
actitudes del gobierno nos hacen pensar que considera estos modales de
adolescencia combativa, de infantil rechazo a las normas internacionales, como
un componente esencial de su modo de entender la política, dotándola de un
carácter presuntamente heroico y patriótico.
Juzgaremos
por sus resultados.
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